Luego de 26 años de concesión privada y largos meses incertidumbre, este sábado comenzó formalmente una nueva etapa para la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde se traslada el 80% de la producción argentina.
La nueva concesión se inició a través de la Administración General de Puertos (AGP), a cargo de controlar y gestionar durante los próximos doce meses la vía navegable más importante de la Argentina, que atraviesa siete provincias.
Esta nueva modalidad contará además con un Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado a fines de agosto por el Gobierno, y del que participan además del Poder Ejecutivo Nacional, representantes de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Ayer al cerrar el día, la concesión privada que administró la Hidrovía en los últimos 26 años llegó a su fin, luego de un proceso iniciado en 2020 cuando el presidente Alberto Fernández lanzó un Acuerdo Federal para abordar el desarrollo de la ruta fluvial que en la Argentina cuenta con 1.635 kilómetros, sobre un total de 3.400 que tiene el canal que se comparte con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Exactamente a partir de las 0 de hoy pasó a ser la AGP quien cobra el canon de US$ 3,06 por tonelada transportable a los barcos de carga que circulen, que deberán depositar el dinero en una cuenta en el Banco Nación creada especialmente para este fin. Por esta autopista fluvial se mueve el 80% del volumen del comercio exterior argentino.
En 1995, el Gobierno menemista otorgó la concesión de las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná al consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa.
Esta concesión venció el 30 de abril, pero se estableció una prórroga que duró hasta ayer, para iniciar un proceso que permita definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal. En este marco, el Presidente, a través del decreto 427/2021, decidió el 1 de julio último dejar a la Hidrovía bajo control estatal, más precisamente a manos de la AGP. (DIB)
Perdón, pero no es ‘una nueva concesión’… El gobierno hizo caducar la concesión a una empresa privada y de hecho estatizó. ¿Qué estatizó? El cobro del peaje por transitar los barcos de cargas. Porque el Estado, nosotros, no tenemos ni una draga con las capacidades necesarias para mantener navegable para grandes calados al Río Paraná. O sea, deberá contratar a una de las tres enormes empresas privadas que en el mundo se han dedicado a esto de mantener en condiciones de navegabilidad los cursos de agua. Tienen tan mala puntería que con la bajante histórica del río, los barcos cargan menos para poder salir al mar, y por ello pagan menos peaje. Eso si. Ahora los controles de la PNA van a funcionar maravillosamente, no se habrá de contrabandear más nada, no pasará más droga por allí, y ñam ñam ñam y coso.