“Es inoportuno e incoherente aumentar las tarifas de servicios esenciales en el momento que estamos viviendo. Es una postura abusiva de las empresa teniendo en cuenta que por la cuarentena muchos usuarios no percibieron ingresos para afrontar el pago”, sostuvo Lorenzino.

SI bien las empresas argumentaron que se trata de una suba que fue notificada en noviembre para ser aplicada en diciembre de 2019 pero que se prorrogó para marzo de 2020, el organismo la consideró “unilateral y arbitraria”, sobre todo teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo decretó que el servicio que prestan es esencial para garantizar, en el marco de esta emergencia, el ejercicio de derechos fundamentales.

“La postura de la Defensoría siempre fue expresar que los pagos por los servicios no deben disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes que se relacionen con el derecho humano a una vida digna, a la salud, a la educación, a una vivienda digna y a la alimentación. Hoy no es coherente someter a los usuarios a nuevos incrementos ni debe suponerse que pueden soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes”, puntualizó Lorenzino.

El organismo les pidió que retrotraigan sus tarifas a las de febrero de 2020. Lorenzino consideró que se trata de un incremento “inoportuno e incoherente”.

La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó a las empresas de telefonía fija y móvil Movistar, Personal y Claro que retrotraigan sus tarifas a los valores de febrero, luego de las quejas de los usuarios por los aumentos que les aplicaron en el contexto actual de emergencia sanitaria y económica por el coronavirus.

La medida del organismo que conduce Guido Lorenzino se dio luego de las denuncias de muchos usuarios respecto a que recibieron o están recibiendo facturas con incrementos sustanciales en comparación con los importes abonados el mes anterior.

“Es inoportuno e incoherente aumentar las tarifas de servicios esenciales en el momento que estamos viviendo. Es una postura abusiva de las empresa teniendo en cuenta que por la cuarentena muchos usuarios no percibieron ingresos para afrontar el pago”, sostuvo Lorenzino.

SI bien las empresas argumentaron que se trata de una suba que fue notificada en noviembre para ser aplicada en diciembre de 2019 pero que se prorrogó para marzo de 2020, el organismo la consideró “unilateral y arbitraria”, sobre todo teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo decretó que el servicio que prestan es esencial para garantizar, en el marco de esta emergencia, el ejercicio de derechos fundamentales.

“La postura de la Defensoría siempre fue expresar que los pagos por los servicios no deben disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes que se relacionen con el derecho humano a una vida digna, a la salud, a la educación, a una vivienda digna y a la alimentación. Hoy no es coherente someter a los usuarios a nuevos incrementos ni debe suponerse que pueden soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes”, puntualizó Lorenzino.