En el interior hay problemas para trasladar alimentos. Meoni exigió que dejen trabajar a los transportistas

 

Por Javier Lanaripara La Política Online

Varios intendentes de las principales regiones productivas del país comenzaron a emitir ordenanzas municipales mediante las cuales se prohíbe la libre circulación de camiones. El primer caso fue el del jefe comunal de Timbúes, como lo adelantó por LPO.

La posición de los intendentes ante la expansión del coronavirus está implicando graves problemas logísticos en las zonas portuarias, de acopios y de fábricas en el marco del inicio de la cosecha gruesa proyectada en alrededor de 100 millones de toneladas.

También se reportan diversos inconvenientes para transportar trigo, leche y productos de economías regionales ya que muchos camioneros se niegan a trasladar mercaderías por temor a ser sancionados por las municipalidades y no poder arribar a destino.

La disposición que prohíbe a los transportistas circular libremente rige, en estos momentos, en las localidades de Rosario, Necochea, Arteaga, Timbúes, Gálvez, Inriville, Dolores, Los Surgentes, Piamonte y San José de la Esquina, entre otras.

En el caso de Artega -cuyo intendente es Julián Vignatti- se especificó en una circular que hasta el 31 de marzo próximo quedará prohibido el transporte de cargas agropecuarias desde esa localidad con destino a cualquier terminal portuaria.

El tema es que el DNU 297 emitido por el Poder Ejecutivo establece que, entre las actividades exceptuadas de la cuarentena obligatoria, se incluyen aquellas «vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca».

Los que conocen del tema destacan que lo que están haciendo los intendentes es inconstitucional ya que la única manera de restringir la libre circulación es a través del «Estado de Sitio» decretado por el Presidente con previa autorización del Congreso.

Marcos Rodrigué, ex jefe comunal de Inriville y productor agropecuario, señaló que «los intendentes no tienen la menor idea de hasta dónde llega su autoridad; creen que están por encima del Presidente; claramente vamos al Estado de Sitio».

Rodrigué recordó que el Código Penal establece penas de tres meses a dos años de prisión a los que impidan el normal funcionamiento del transporte y que los intendentes no tienen potestad sobre los puertos donde interfieren normativas internacionales.

En la misma línea, el ministro de Transporte, Mario Meoni, publicó este lunes un aviso en el Boletín Oficial en el cual solicitó «a las provincias y municipios que arbitren las medidas pertinentes tendientes a facilitar la actividad a los transportistas».

Como sea, las disposiciones de los intendentes están generando un caos logístico en los campos dado que la mayor parte de los productores que se encuentran cosechando necesitan despachar los granos a los camiones para que sean trasladados a los buques.

Por este motivo, los fabricantes de silobolsas comenzaron a recibir un aumento significativo en la cantidad de pedidos por parte de los productores preocupados por el destino de sus cosechas a partir de las disposiciones de los intendentes.

Las entidades que integran la cadena agroindustrial respaldaron este lunes la tarea de los transportistas de granos, subproductos e insumos agrícolas «para lograr abastecer a nuestra población y al mundo de alimentos» en un contexto de crisis sanitaria.

«El trabajo de los camioneros en las rutas del país es un eje fundamental para que la Argentina afronte esta delicada situación trasladando las mercaderías necesarias para los ciudadanos», destacaron una decena de entidades y asociaciones vinculadas al agro.

Un reporte al que accedió LPO da cuenta que los puertos de la zona de Rosario (Up River) se encuentran con pleno funcionamiento, mientras que en Quequén se adoptaron medidas de cuarentena a los barcos que no cumplen las normativas nacionales.

Por último, los directivos de las principales compañías agroexportadoras nucleadas en Ciara-CEC anunciaron la creación un Comité de Seguimiento de Coronavirus «para evaluar medidas de prevención y protección frente a la pandemia».

Esta acción se sumó a los protocolos acordados con el Gobierno y los sindicatos del sector que rigen -en el marco de las actividades esenciales- para los transportistas y trabajadores portuarios con el objetivo de evitar la propagación del Covid-19.